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La fiscal general denuncia «una ruptura del orden constitucional» en Venezuela

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La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, se ha desmarcado de la línea oficial impuesta por el Gobierno de Nicolás Maduro y ha denunciado que las recientes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que dejan al Parlamento sin poder y a los diputados sin inmunidad, suponen una “ruptura del orden constitucional”.

Ortega Díaz ha aprovechado la comparecencia programada para este viernes para presentar el balance del Ministerio Público para señalar que “en las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ se evidencian varias violaciones del orden constitucional”. “Es mi obligación manifestar ante el país mi gran preocupación por tal evento”, ha dicho, tras lo cual ha recibido una gran ovación de los presentes que la ha animado a continuar con su alegato, exhibiendo un pequeño ejemplar de la Constitución. “Llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos que, respetando la Carta Magna, propicien un ambiente de respeto y rescate de la pluralidad. Que se debata de forma democrática, respetando las diferencias”, ha pedido.

Ortega Díaz ha defendido la necesidad de buscar “caminos institucionales que garanticen la paz y para que se superen los obstáculos que impiden actualmente brindar la calidad de vida que reclama nuestra población”.

Estas declaraciones de la fiscal general suponen un cambio radical en el discurso que Ortega Díaz ha mantenido durante los últimos años en apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro y al de su antecesor en el cargo, el fallecido Hugo Chávez.

El TSJ ha ratificado esta semana el “desacato” de la Asamblea Nacional y, en consecuencia, ha advertido a los diputados de que carecen de inmunidad y ha asumido las competencias que constitucionalmente corresponden a la sede legislativa.

La mayoría de los países de la región y la Organización de Estados Americanos (OEA) han expresado su preocupación por lo que consideran una vulneración de los principios democráticos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha pedido una reunión “urgente” del Consejo Permanente para valorar la suspensión de Venezuela como país miembro.

El Gobierno de Maduro se ha limitado a emitir un comunicado en el que denuncia una “arremetida” de “la derecha intolerante y pro imperialista dirigida” por Estados Unidos para “atentar contra el Estado de Derecho” a través de “falsedades e ignominias”.

Por otro lado, el gobernador opositor venezolano Henrique Capriles anunció hoy que habrá un Consejo Permanente extraordinario de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre Venezuela el próximo lunes o martes y pidió a los Estados miembros que declaren que en su país “se rompió el orden constitucional”.

En declaraciones a los medios tras reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en Washington, Capriles pidió una declaración en esa sesión que “reconozca esa ruptura” y apoyó “toda sanción”, incluida la suspensión de Venezuela, si no se anula la sentencia de ayer del Tribunal Supremo del país por la que asumió las facultades de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora.

Unánime censura en América

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, calificó la decisión del Supremo de “autogolpe de Estado” y recordó que es “urgente” la convocatoria de un Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática”. Almagro solicitó en un reciente informe la suspensión de Venezuela de la OEA si no convocaba elecciones generales en los 30 días siguientes y 14 países americanos exigieron al Gobierno de Nicolás Maduro un calendario electoral y la liberación de los “presos políticos”.

Perú anunció hoy la retirada definitiva de su embajador en Venezuela e indicó que ya inició consultas con países de la OEA para que en el marco de la Carta Democrática se adopten con la mayor urgencia las medidas que correspondan ante la evidente ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela”. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que es “inaceptable lo que ocurre en Venezuela”.

Estados Unidos pidió “al Gobierno de Venezuela que permita a la Asamblea Nacional democráticamente elegida desempeñar sus funciones constitucionales, celebrar elecciones lo antes posible e inmediatamente liberar a todos los presos políticos”. Congresistas cubano-estadounidenses del estado Florida repudiaron que el “régimen de Maduro le quite el poder al Parlamento” para “dar otro paso a la tiranía” y pidieron a los países de la región que presionen en favor de la democracia.

Brasil repudió la sentencia que suspende “arbitrariamente” la inmunidad de los parlamentarios venezolanos y dijo que mantendrá su política de examinar la “preocupante situación” conjuntamente con todos los países de la región “interesados”. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, llamó a “recomponer el orden democrático” e insistió en la necesidad de que se cumpla con un calendario electoral y se liberen a los “presos políticos”.

“Esta situación nos lleva a consultar con los países amigos el cómo proceder de ahora en adelante”, señaló el canciller chileno, Heraldo Muñoz, quien aclaró que lo ideal es que “los propios venezolanos resuelvan sus asuntos”, pero “claramente esto va en la dirección opuesta”. El canciller mexicano, Luis Videgaray, aseguró que a su país le preocupa “de manera grave el deterioro del orden democrático en un país hermano” y subrayó que deben ser los venezolanos, en ejercicio pleno de su soberanía, “los que resuelvan los problemas”.

Panamá hizo un llamamiento “al respeto del orden constitucional, el respeto a la separación de poderes y los principios de la democracia, y que se den las garantías para la celebración de elecciones democráticas”.

“Ojalá la comunidad internacional ayude a que metan preso a Maduro y a (los) integrantes del Tribunal Supremo y Venezuela convoque a elecciones cuanto antes”, dijo el expresidente colombiano Álvaro Uribe. El premio nobel de Literatura Mario Vargas Llosa pidió a Latinoamérica aceptar la iniciativa de aplicar la Carta Democrática a Venezuela, porque el chavismo “ha violado todas las libertades públicas y todas las instituciones que defienden la democracia”.

El grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) aseguró que la “aberrante” decisión del Supremo “consolida una feroz dictadura donde no existe independencia de poderes”. La organización de derechos humanos Venezuela Awareness (VA) alertó de las “gravísimas consecuencias inmediatas” del “golpe de Estado” ejecutado.

El gobernador opositor venezolano Henrique Capriles denunció en Bogotá que en su país se ha dado un “Madurazo” y pidió a la OEA que convoque “de emergencia” al Consejo Permanente, en la misma línea se ha pronunciadoLeopoldo López, que ha asegurado que tanto el país como toda la región se encuentra en un momento “definitorio” en el que los ciudadanos deben elegir si están “a favor de la democracia o de la dictadura”. La activista venezolana Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, denunció que “hoy es eliminado el voto de 14 millones de venezolanos” y pidió que se active la carta democrática.